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La Cámara omitió ponderar dicha situación de vulnerabilidad, sin siquiera una mínima justificación sumaria, máxime cuando la sola existencia de algunos bienes inmuebles improductivos, no permite afirmar que la misma se encuentra en condiciones de satisfacer los honorarios de un abogado, generando un grave menoscabo a las reglas del debido proceso y comprometiendo la garantía constitucional de defensa en juicio (art. 18 de la CN).


Corresponde, en el marco de un proceso sobre determinación de la capacidad, dejar sin efecto la sentencia y en consecuencia mantener la designación en el cargo de la Defensora Pública curadora dispuesta en primera instancia, en tanto la causante carece de bienes suficientes para su subsistencia (art. 628 del CPCCN), y la Cámara omitió ponderar dicha situación de vulnerabilidad, sin siquiera una mínima justificación sumaria, máxime cuando la sola existencia de algunos bienes inmuebles improductivos, no permite afirmar que la misma se encuentra en condiciones de satisfacer los honorarios de un abogado, generando un grave menoscabo a las reglas del debido proceso y comprometiendo la garantía constitucional de defensa en juicio (art. 18 de la CN). (Voto de la Mayoría)

Corte Suprema de Justicia de la Nación

Buenos Aires, 30 de Octubre de 2018.-


Considerando:


1) Que, en el marco del proceso sobre determinación de la capacidad de M. C. V., el juez de grado, designó en el carácter de apoyo provisorio al señor Defensor Público Curador, en razón de considerar que la causante carecía de bienes suficientes para su subsistencia (art. 628 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación).


2) Que la Sala B de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil revocó dicho pronunciamiento por entender que para la designación de la persona a cargo del mencionado rol, el inc. 10 del art. 626 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación otorga prioridad a un abogado de la matrícula y que solo cuando la denunciada careciera de bienes o estos únicamente alcanzaren para su subsistencia, correspondía que interviniera en el carácter aludido el Defensor Público Curador (art. 628 del citado código).


Recordó que la designación de un Defensor Público Curador resultaba contraria a lo dispuesto por el art. 46 de la ley 27.149, que dicha norma es clara al establecer que su intervención se justifica cuando no existan bienes suficientes para hacer frente a las costas o en ausencia de familiar o referente comunitario que pudiera hacerse cargo de tal función. En tal sentido, expresó que de autos surgía claramente el patrimonio que posee la causante, que no debe ser equiparado al cómputo del monto líquido por ingresos efectivos y que se encuentra conformado por bienes y cosas susceptibles de valor económico (arts. 15 y 16 del Código Civil y Comercial de la Nación). Por último, señaló que se debía evitar distraer la atención de los referidos funcionarios en los procesos cuyos gastos podían ser afrontados por la persona denunciada. 30) Que, contra tal decisión, la Defensora Pública de Menores e Incapaces de Cámara, dedujo recurso extraordinario que, denegado, origina esta presentación directa. Considera que el marco normativo de la cuestión está dado por los arts. 626 y 628 del Código Procesal Civil Y Comercial de la Nación y por el art. 46 de la ley 27.149. Asimismo, recuerda que de acuerdo con la primera norma el juez debe resolver el nombramiento de un curador provisional que recaerá en un abogado de la matrícula en tanto que el art. 628 del citado cuerpo alude a las circunstancias en las que se designará al señor Defensor Público Curador como curador del causante.. Afirma que el hecho de que existan bienes a nombre de la persona cuya capacidad se encuentra debatida o restringida no es óbice para la designación del señor Defensor Público Curador. 


Entiende que los bienes de la causante no generan ingreso alguno y que no puede ignorarse que no reportan ganancias a su representada, encontrándose ajena a todo lo referente a aquéllos desde su internación.


Por último, agrega que desde ese momento la causante no cuenta con canon locativo proveniente de dichos inmuebles de los que se desconoce el estado de ocupación, deudas, condiciones de habitabilidad o posibilidad de proceder a su locación, por lo que no solo no ostentan la envergadura suficiente para afrontar los honorarios de un abogado de la matrícula sino que ni siquiera le permiten llevar una vida digna dentro de sus posibilidades.


4) Que, aun cuando los agravios de la recurrente remiten al examen de cuestiones de hecho, prueba y derecho común, materia propia de los jueces de la causa y ajena -como regla y por su naturaleza- al remedio del art. 14 de la ley 48, ello no resulta óbice para su consideración por la vía intentada cuando, con menoscabo de los derechos de defensa en juicio y propiedad, la cámara ha omitido considerar elementos conducentes para la solución del litigio y realizado afirmaciones dogmáticas que dan fundamento solo aparente a su resolución.


5) Que en efecto, la sala omitió ponderar la particular situación de vulnerabilidad en que se encuentra la causante -internada desde el año 2008-, habida cuenta de la escasa entidad de sus ingresos que consisten en un haber mínimo previsional, y más allá de ser propietaria de un inmueble en la calle Boedo, de una parte indivisa de otro en la calle Venezuela (fs. 43) y de resultar incierta la titularidad del bien -en proceso de desalojo- que habita su hija menor de edad. Por tanto, sin siquiera una mínima justificación sumaria y por la sola existencia de esos bienes inmuebles improductivos, no puede afirmarse que se encuentra en condiciones de satisfacer los honorarios de un abogado, generando un grave menoscabo a las reglas del debido proceso y comprometiendo la garantía constitucional de defensa en juicio (art. 18 de la Constitución Nacional). 


6) Que es criterio reiterado del Tribunal que el respeto de la regla del debido proceso debe ser observado, con mayor razón en el caso de quien padece un sufrimiento mental debido al estado de vulnerabilidad, fragilidad, impotencia y abandono en el que se encuentran frecuentemente estas personas, lo que reafirma el principio constitucional a una tutela judicial efectiva (conf. arg. Fallos: 328:4832; 331:1859 y CSJ 334/2012 (48-T)/CS1 "Terruli, Jorge Miguel c/ González, Manuel Enrique y otros s/ ejecución hipotecaria", del 22 de diciembre de 2015). 7) Que atento a que la garantía constitucional vulnerada guarda relación directa e inmediata con lo resuelto (art. 15 de la ley 48) corresponde descalificar la sentencia apelada y por resultar innecesaria mayor sustanciación, a fin de evitar dilación del trámite del juicio, por aplicación de los arts. 628 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación y 46 de la ley 27.149, designar a un Defensor Público Curador (art. 16 de la ley 48). 


Carlos F. Rosenkrantz - Elena I. Highton de Nolasco - Juan C. Maqueda - Ricardo L. Lorenzetti - Horacio Rosatti 





Voto del Dr. Carlos F. Rosenkrantz:


Considerando:


1) Que en el marco del proceso sobre determinación de la capacidad de M. C. V., el juez de grado, designó en el carácter de apoyo provisorio al señor Defensor Público Curador, en razón de considerar que la causante carecía de bienes suficientes para su subsistencia (art. 628 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación).


2) Que la Sala B de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil revocó dicho pronunciamiento por entender que para la designación de la persona a cargo del mencionado rol, el inc. 1° del art. 626 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación otorga prioridad a un abogado de la matrícula y que solo cuando la denunciada careciera de bienes o estos únicamente alcanzaren para su subsistencia, correspondía que interviniera en el carácter aludido el Defensor Público Curador (art. 628 del citado código).


Recordó que la designación de un Defensor Público Curador resultaba contraria a lo dispuesto por el art. 46 de la ley 27.149, que dicha norma es clara al establecer que su intervención se justifica cuando no existan bienes suficientes para hacer frente a las costas o en ausencia de familiar o referente comunitario que pudiera hacerse cargo de tal función.


En tal sentido, expresó que de autos surgía claramente el patrimonio que posee la causante, que no debe ser equiparado al cómputo del monto líquido por ingresos efectivos y que se encuentra conformado por bienes y cosas susceptibles de valor económico (arts.'15 y 16 del Código Civil y Comercial de la Nación). Por último, señaló que se debía evitar distraer la atención de los referidos funcionarios en los procesos cuyos gastos podían ser afrontados por la persona denunciada.


3) Que, contra tal decisión, la Defensora Pública de Menores e Incapaces de Cámara, dedujo recurso extraordinario que, denegado, origina esta presentación directa. Considera que el marco normativo de la cuestión está dado por los arts. 626 y 628 del Código Procesal Civil Y Comercial de la Nación y por el art. 46 de la ley 27.149. Asimismo, recuerda que de acuerdo con la primera norma el juez debe resolver el nombramiento de un curador provisional que recaerá en un abogado de la matrícula en tanto que el art. 628 del citado cuerpo alude a las circunstancias en las que se designará al señor Defensor Público Curador como curador del causante. Afirma que el hecho de que existan bienes a nombre de la persona cuya capacidad se encuentra debatida o restringida no es óbice para la designación del señor Defensor Público Curador. Entiende que los bienes de la causante no generan ingreso alguno y que no puede ignorarse que no reportan ganancias a su representada, encontrándose ajena a todo lo referente a aquéllos desde su internación. 


Por último, agrega que desde ese momento la causante no cuenta con canon locativo proveniente de dichos inmuebles de los que se desconoce el estado de ocupación, deudas, condiciones de habitabilidad o posibilidad de proceder a su locación, por lo que no solo no ostentan la envergadura suficiente para afrontar los honorarios de un abogado de la matrícula sino que ni siquiera le permiten llevar una vida digna dentro de sus posibilidades.


4) Que aun cuando los agravios de la recurrente remiten al examen de cuestiones de hecho, prueba y derecho común, materia propia de los jueces de la causa y ajena -como regla y por su naturaleza- al remedio del art. 14 de la ley 48, ello no resulta óbice para su consideración por la vía intentada cuando, con menoscabo de los derechos de defensa en juicio y propiedad, la cámara ha omitido considerar elementos conducentes para la solución del litigio y realizado afirmaciones dogmáticas que dan fundamento solo aparente a su resolución.


5) Que, en efecto, la sala omitió ponderar la particular situación de vulnerabilidad en que se encuentra la causante -internada desde el año 2008-, habida cuenta de la escasa entidad de sus ingresos que consisten en un haber mínimo previsional y más allá de ser propietaria de un inmueble en la calle Boedo, de una parte indivisa de otro en la calle Venezuela (fs. 43) y de resultar incierta la titularidad del bien -en proceso de desalojo- que habita su hija menor de edad. Por tanto, sin siquiera una mínima justificación sumaria y por la sola existencia de esos bienes improductivos, no puede afirmarse que se encuentra en condiciones de satisfacer los honorarios de un abogado, generando un grave menoscabo a las reglas del debido proceso y comprometiendo la garantía constitucional de defensa en juicio (art. 18 de la Constitución Nacional). 


6) Que es necesario reafirmar el principio constitucional a una tutela judicial efectiva especialmente en aquellos casos en que están involucrados derechos de quienes padecen un sufrimiento mental debido al estado de vulnerabilidad, fragilidad, impotencia y abandono en el que se encuentran frecuentemente estas personas (conf. arg. Fallos: 328:4832; 331:1859 y CSJ 334/2012 (48-T)/CS1 "Terruli, Jorge Miguel c/ González, Manuel Enrique y otros s/ ejecución hipotecaria", del 22 de diciembre de 2015).


7) Que atento a que la garantía constitucional vulnerada guarda relación directa e inmediata con lo resuelto (art. 15 de la ley 48) corresponde descalificar la sentencia apelada y por resultar innecesaria mayor sustanciación, a fin de evitar dilación del trámite del juicio, por aplicación de los arts. 628 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación y 46 de la ley 27.149, designar a un Defensor Público Curador (art. 16 de la ley 48).


Por ello, se hace lugar a la queja, se declara procedente el recurso extraordinario y, con el alcance indicado, se deja sin efecto el pronunciamiento impugnado, y se mantiene la determinación de la capacidad. (144 g99„9/..hci,„44.d.hh, -II-designación en el cargo de la señora Defensora Pública Curadora dispuesta en primera instancia. Agréguese la queja al principal. Notifíquese y devuélvase. 


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